La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes un decreto que abre a la ciudadanía la información del Gobierno de México. Los contratos públicos se publicarán cada mes. Las filiales de Pemex y CFE tendrán que transparentar sus finanzas. Y el criterio del servidor público para decidir qué se hace público desaparece.
“Es transparencia total del Gobierno de México. Cada mes se va a estar informando de los contratos públicos”, expresó Claudia Sheinbaum.
Los cuatro ejes del decreto
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó los alcances:
- Contratos públicos: publicados cada mes.
- Filiales de Pemex y CFE: informes financieros, gobierno corporativo y contratos abiertos.
- Fiscalización y auditorías: Programa Anual de Fiscalización y padrón de auditores públicos.
- Invitación a estados, municipios y otros poderes para sumarse al esquema.
El cambio de fondo
Sheinbaum fue clara sobre el sentido. Antes, cada secretario o director de área decidía qué información se hacía pública. Con el decreto ya hay un lineamiento fijo: se publica todo lo que no esté reservado por procedimiento judicial en curso o por seguridad nacional debidamente justificada.
“Ya no lo dejamos a criterio del servidor público”, expresó la mandataria.
La plataforma se fortalece
La Plataforma Nacional de Transparencia recibirá mejoras técnicas en un plazo máximo de 30 días hábiles:
- Nuevas herramientas de descarga.
- Formatos más fáciles de consultar.
- Más información pública disponible.
Las 17 reservas se simplifican
El decreto simplifica las 17 reservas de interés público. Cuando aplique una reserva:
- Será temporal, no permanente.
- Se publicará una versión pública de la información.
- Prevalecerá el principio de máxima publicidad.
El sustento constitucional
Sheinbaum recordó el artículo 6 de la Constitución: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional”.
La ruta que sigue
Las acciones del decreto se integran con las modificaciones a la Ley General de Transparencia que trabaja la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Es un paquete completo que combina decreto, ley y plataforma tecnológica.
