Las autoridades del Estado de México ya pusieron en marcha el proceso de reemplacamiento vehicular para el año 2026, un trámite obligatorio dirigido a los propietarios de ciertos autos y motocicletas que, de no cumplirse en los plazos establecidos, puede generar multas y complicaciones administrativas.
¿A quiénes les toca y cuándo?
El programa aplica de forma escalonada entre abril y agosto de 2026. Deben realizar el cambio los dueños de vehículos particulares con placas expedidas en 2021, así como aquellos con placas de 2020 o años anteriores que no hicieron el trámite en 2025; también incluye a motocicletas y vehículos de carga en la misma situación. El calendario oficial establece que la fecha límite depende del último dígito de la placa: dígitos 1 y 2 en abril; 3 y 4 en mayo; 5 y 6 en junio; 7 y 8 en julio; y 9 y 0 en agosto.
Costos y beneficios de realizar el trámite
Los costos aproximados son: para autos particulares, entre 1,161 y 1,194 pesos; para motocicletas, entre 864 y 888 pesos; y para vehículos de carga, alrededor de 2,425 pesos. Cumplir con el reemplacamiento a tiempo no solo evita sanciones, sino que permite regularizar la situación del vehículo, obtener placas y tarjeta de circulación vigentes, y puede aumentar su valor de reventa. Además, en algunos casos se puede acceder a la condonación total del pago de la tenencia 2026 si se cumplen requisitos como el pago oportuno del refrendo.
Documentos necesarios y consecuencias de no cumplir
Para realizar el cambio, se requiere presentar identificación oficial vigente, un documento que acredite la propiedad del automóvil, comprobante de domicilio en el Estado de México y las placas anteriores o un documento que reporte su extravío. El trámite se realiza a través del portal oficial de servicios al contribuyente. Las multas por no reemplacar a tiempo pueden alcanzar el equivalente a 20 UMAs, aproximadamente 2,300 pesos, y además pueden impedir la verificación vehicular y generar otros problemas administrativos.
El gobierno estatal describe esta iniciativa como parte de una estrategia para actualizar el padrón vehicular, fortalecer la seguridad pública y dar certeza jurídica sobre la propiedad de los vehículos en circulación.
