Un análisis académico destaca la política de defensa de la competencia en Perú como un modelo del que México podría tomar nota para mejorar la eficiencia de sus mercados y el bienestar de los consumidores.
La competencia como motor económico
La función central de estas políticas es evitar prácticas como los acuerdos colusorios o los abusos de posición dominante, promoviendo así estructuras de mercado que beneficien a la economía y a los usuarios finales. “La política de competencia constituye un elemento fundamental para promover un crecimiento económico sostenido, mejorar la productividad y proteger el bienestar de los consumidores.”
En el caso peruano, la libre competencia está respaldada por su Constitución desde 1993, la cual obliga al Estado a vigilarla y combatir cualquier limitación. No obstante, el texto señala que las leyes por sí solas no aseguran mercados competitivos, pues también influyen factores como la calidad de las instituciones, la regulación por sectores y las barreras de entrada para nuevas empresas.
Efectos en productividad e innovación
La teoría económica ha establecido por décadas la conexión entre competencia y eficiencia. En mercados con alta rivalidad, los precios tienden a igualar los costos, logrando una mejor distribución de recursos. Por el contrario, cuando una empresa acumula demasiado poder, puede manipular precios y reducir la producción, generando lo que se conoce como pérdidas irrecuperables de eficiencia.
Además del impacto en precios, la competencia estimula la innovación y el avance tecnológico mediante procesos de “destrucción creativa”, donde nuevas firmas con ideas frescas desplazan a las existentes. En economías emergentes, esta dinámica es crucial para elevar la productividad general, ya que los mercados más competitivos suelen expulsar a las empresas menos eficaces.
Recomendaciones para una agenda pública
El artículo propone que el próximo gobierno peruano fortalezca esta área en varios frentes. Primero, sugiere robustecer las capacidades y la autonomía de la autoridad encargada de la competencia. Segundo, aboga por profundizar en la “abogacía de la competencia”, es decir, que el organismo evalúe regulaciones existentes y recomiende eliminar normas que creen barreras innecesarias para nuevos participantes.
Tercero, plantea intensificar la lucha contra los carteles empresariales, especialmente en licitaciones públicas, dado que la colusión puede inflar los precios significativamente. Se menciona que en Perú casi la mitad del gasto estatal se realiza mediante contrataciones públicas, las cuales representan alrededor del 11.6% del PIB del país.
Finalmente, el análisis concluye que para que sectores clave operen con competencia real, los principios de defensa y promoción deben integrarse de manera transversal en toda la acción del Estado: desde la creación de normas hasta la gestión de empresas públicas y la contratación de bienes y servicios.
