El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que cuatro iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum serán prioridad durante el nuevo periodo de sesiones legislativas, con el objetivo de aprobarlas antes del 30 de abril de 2026. Entre las reformas destacan la eliminación de las llamadas “pensiones doradas”, el denominado “Plan B” en materia electoral, y propuestas para impulsar la inversión en infraestructura estratégica y modificar el Código Fiscal de la Federación.
Agenda legislativa amplia con enfoque en transparencia y desarrollo
Monreal detalló que actualmente se analizan al menos 10 instrumentos legislativos clave, entre los que se incluyen una reforma al procedimiento contencioso administrativo, una ley para sancionar delitos ambientales, una ley de migración, y una ley de vivienda. Además, se recibieron dos nuevas iniciativas del Ejecutivo federal orientadas a reactivar la economía nacional.
Una de las reformas más relevantes es la que busca derogar las pensiones privilegiadas para funcionarios públicos, actualmente en análisis de la Comisión de Puntos Constitucionales. La otra iniciativa presidencial recién ingresada propone crear la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, así como una modificación al Código Fiscal de la Federación.
Reforma electoral: sin atajos, respeto al proceso legislativo
Respecto al “Plan B” de reforma electoral, Monreal aclaró que esta iniciativa aún está en proceso de análisis en el Senado de la República y será enviada a la Cámara de Diputados si es aprobada. Subrayó que no habrá un trámite acelerado ni se violentarán los tiempos establecidos por la ley: “Vamos a cuidar la ley, no vamos a precipitar ni vamos a violentar la ley y el reglamento. Vamos a dar el plazo que establece la ley”.
El Congreso cuenta con un plazo hasta el 30 de mayo de 2026 para aprobar cualquier modificación en materia electoral que deba aplicarse en el proceso electoral de 2027, lo que deja un margen de 70 días hábiles para su discusión y aprobación.
